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9 agosto, 2021
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Legislación sobre la tierra ahoga la agricultura sostenible en Argentina
Autor y fecha:
DIÁLOGO CHINO, Jorgelina Hiba, 12 de Enero de 2021
Autor y fecha:
DIÁLOGO CHINO, Jorgelina Hiba, 12 de Enero de 2021
La tendencia a la concentración de la tierra se afianza en Argentina, con criterios de rentabilidad de corto plazo en vez de estándares ambientales
Los expertos dicen que este modelo de agronegocios basado en ganancias a corto plazo desincentiva las prácticas sostenibles.
Cada vez menos productores cultivan granos y cereales en Argentina. Aunque las exportaciones están en máximos históricos, en las últimas tres décadas la tierra se ha concentrado cada vez más en menos manos y se ha dedicado a la producción de una gama más pequeña de cultivos.
La combinación del uso intensivo de agroquímicos y semillas genéticamente modificadas, quitó diversidad al paisaje agrícola nacional, que pasó de tener chacras mixtas de agricultura y ganadería a dos monocultivos estrellas de exportación: soja y maíz.
La tenencia de la tierra no ayuda a mejorar esa frágil ecuación. Según los datos preliminares del Censo Agropecuario de 2018 a nivel nacional, el 20% de los productores trabajan en tierras alquiladas, un porcentaje que se duplica o sube fuertemente en las tres provincias que componen el corazón agrícola del país: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El sistema de arrendamientos, regido por una ley de 1948 modificada durante la dictadura militar en 1980 (ley número 22.298) genera consecuencias ambientales negativas propias de la falta de planificación. Se alquila en plazos cortos que no superan los dos años y obliga a los productores a generar renta rápidamente, sin considerar el ambiente.
Tal como está planteada, la ley 22.298 facilita el acceso a la tierra de los arrendatarios sin exigencias ambientales de cuidado del suelo, rotación de cultivos o límites a la aplicación de agroquímicos. No incorpora criterios de protección del ambiente, que sí aparecen en la Constitución nacional, reformada en 1994.
“La foto que vemos en la región pampeana desde 1988 es una concentración cada vez mayor de la tierra con porcentajes importantes de parcelas alquiladas. Hay cada vez más pooles de siembra que arriendan”, señaló Marisa Gonella, ingeniera agrónoma especializada en estudios sociales agrarios de la Universidad Nacional de Rosario.
Según Omar Príncipe, pequeño productor familiar y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), desde mediados de los años 80 hasta ahora desaparecieron el 40% de los pequeños y medianos productores, “una bomba social de la cual nadie habla”. A la par, el promedio de las superficies productivas subió casi un 45%, con un aumento similar de la cantidad de campos alquilados.
Para Patricia Propersi, ingeniera agrónoma, el modelo agroindustrial argentino “tiene cada vez mayores costos socioambientales” ya que la rotación del capital y la acumulación de ganancias “quedaron por encima de cualquier otro objetivo”.
En los últimos 12 años se presentaron 14 proyectos de modificación de la ley de arrendamientos que no prosperaron. El último intento fue en 2008, con un proyecto que buscaba extender a cinco años los contratos, dar mayor protección a pequeños productores y evitar el acaparamiento de tierras por pooles de siembra.
Aún en este escenario de concentración y alquileres de corto plazo, existen “rebeldes” que apuestan a modos de producción sustentables en campos alquilados. Es el caso del PACA (Proyecto Agroecológico Casilda) del cual participa el veterinario y ambientalista Eduardo Spiaggi.
“Alquilamos 10 hectáreas a un vecino para hacer trigo agroecológico y a eso le agregamos 11 hectáreas propias. El vecino nos cede su terreno, nosotros lo trabajamos y le damos una parte de nuestra producción a modo de alquiler” señaló Spiaggi, para quien el actual modelo rentista “es insostenible”.
Además del trigo, en PACA se producen otros cultivos extensivos a muy pequeña escala como soja, maíz, avena y centeno. También hay una parte dedicada a la producción hortícola y árboles frutales y otro sector destinado a la ganadería de bovinos, ovinos y cerdos. La foto se completa con producción avícola (gallinas y pollos) y cortinas forestales en buena parte de su perímetro.
La finca está ubicada en la zona núcleo del modelo de la agricultura industrial, en un contexto de concentración de la tierra y abandono de las viviendas o “taperización” del campo por éxodo o desaparición del sujeto agrario tradicional de la región.
“Hay una doble explotación de los campos, por parte del dueño y por parte de quien lo alquila para trabajarlo. Las dos partes deben sacar una renta para vivir en plazos cortos” dijo, para agregar que, si bien una nueva y buena Ley de Arrendamientos “ayudaría” a mejorar esa lógica, “no es la solución de fondo”, que pasa -en su opinión- por rediscutir todo el modelo agropecuario nacional.
Por eso, en PACA apuntan a trabajar con otro paradigma productivo basado en los ciclos naturales y en el cuidado de la tierra. Comenzó con la disminución de uso de agroquímicos hasta su eliminación total, el abandono de uso de semillas transgénicas, la diversificación productiva y, finalmente, la organización de cadenas cortas de comercialización y participación en redes de comercio justo.
Nota completa:
Legislación sobre la tierra ahoga la agricultura sostenible en Argentina
La tendencia a la concentración de la tierra se afianza en Argentina, con criterios de rentabilidad de corto plazo en vez de estándares ambientales
Los expertos dicen que este modelo de agronegocios basado en ganancias a corto plazo desincentiva las prácticas sostenibles.
Cada vez menos productores cultivan granos y cereales en Argentina. Aunque las exportaciones están en máximos históricos, en las últimas tres décadas la tierra se ha concentrado cada vez más en menos manos y se ha dedicado a la producción de una gama más pequeña de cultivos.
La combinación del uso intensivo de agroquímicos y semillas genéticamente modificadas, quitó diversidad al paisaje agrícola nacional, que pasó de tener chacras mixtas de agricultura y ganadería a dos monocultivos estrellas de exportación: soja y maíz.
La tenencia de la tierra no ayuda a mejorar esa frágil ecuación. Según los datos preliminares del Censo Agropecuario de 2018 a nivel nacional, el 20% de los productores trabajan en tierras alquiladas, un porcentaje que se duplica o sube fuertemente en las tres provincias que componen el corazón agrícola del país: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El sistema de arrendamientos, regido por una ley de 1948 modificada durante la dictadura militar en 1980 (ley número 22.298) genera consecuencias ambientales negativas propias de la falta de planificación. Se alquila en plazos cortos que no superan los dos años y obliga a los productores a generar renta rápidamente, sin considerar el ambiente.
Tal como está planteada, la ley 22.298 facilita el acceso a la tierra de los arrendatarios sin exigencias ambientales de cuidado del suelo, rotación de cultivos o límites a la aplicación de agroquímicos. No incorpora criterios de protección del ambiente, que sí aparecen en la Constitución nacional, reformada en 1994.
“La foto que vemos en la región pampeana desde 1988 es una concentración cada vez mayor de la tierra con porcentajes importantes de parcelas alquiladas. Hay cada vez más pooles de siembra que arriendan”, señaló Marisa Gonella, ingeniera agrónoma especializada en estudios sociales agrarios de la Universidad Nacional de Rosario.
Según Omar Príncipe, pequeño productor familiar y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), desde mediados de los años 80 hasta ahora desaparecieron el 40% de los pequeños y medianos productores, “una bomba social de la cual nadie habla”. A la par, el promedio de las superficies productivas subió casi un 45%, con un aumento similar de la cantidad de campos alquilados.
Para Patricia Propersi, ingeniera agrónoma, el modelo agroindustrial argentino “tiene cada vez mayores costos socioambientales” ya que la rotación del capital y la acumulación de ganancias “quedaron por encima de cualquier otro objetivo”.
En los últimos 12 años se presentaron 14 proyectos de modificación de la ley de arrendamientos que no prosperaron. El último intento fue en 2008, con un proyecto que buscaba extender a cinco años los contratos, dar mayor protección a pequeños productores y evitar el acaparamiento de tierras por pooles de siembra.
Aún en este escenario de concentración y alquileres de corto plazo, existen “rebeldes” que apuestan a modos de producción sustentables en campos alquilados. Es el caso del PACA (Proyecto Agroecológico Casilda) del cual participa el veterinario y ambientalista Eduardo Spiaggi.
“Alquilamos 10 hectáreas a un vecino para hacer trigo agroecológico y a eso le agregamos 11 hectáreas propias. El vecino nos cede su terreno, nosotros lo trabajamos y le damos una parte de nuestra producción a modo de alquiler” señaló Spiaggi, para quien el actual modelo rentista “es insostenible”.
Además del trigo, en PACA se producen otros cultivos extensivos a muy pequeña escala como soja, maíz, avena y centeno. También hay una parte dedicada a la producción hortícola y árboles frutales y otro sector destinado a la ganadería de bovinos, ovinos y cerdos. La foto se completa con producción avícola (gallinas y pollos) y cortinas forestales en buena parte de su perímetro.
La finca está ubicada en la zona núcleo del modelo de la agricultura industrial, en un contexto de concentración de la tierra y abandono de las viviendas o “taperización” del campo por éxodo o desaparición del sujeto agrario tradicional de la región.
“Hay una doble explotación de los campos, por parte del dueño y por parte de quien lo alquila para trabajarlo. Las dos partes deben sacar una renta para vivir en plazos cortos” dijo, para agregar que, si bien una nueva y buena Ley de Arrendamientos “ayudaría” a mejorar esa lógica, “no es la solución de fondo”, que pasa -en su opinión- por rediscutir todo el modelo agropecuario nacional.
Por eso, en PACA apuntan a trabajar con otro paradigma productivo basado en los ciclos naturales y en el cuidado de la tierra. Comenzó con la disminución de uso de agroquímicos hasta su eliminación total, el abandono de uso de semillas transgénicas, la diversificación productiva y, finalmente, la organización de cadenas cortas de comercialización y participación en redes de comercio justo.
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